El remezón
Chile es uno de los países más ideologizados del planeta. Abundan las cosas que se rechazan simplemente porque "no pueden ser", como subir los impuestos a las empresas. Y otras que se proponen porque "es lo que corresponde", como tener solamente educación estatal. Un derivado de esta compulsión por las ideas absolutas es la necesidad de etiquetar, de clasificar a los demás incluso antes de que empiecen a hablar. La evaluación de los contenidos parece requerir el conocimiento previo de quién firma, porque de acuerdo a eso se juzga lo que se plantea. Provoca terror hacer un análisis basado sólo en los contenidos. Se busca rápidamente saber el autor, "de dónde es, a qué dedica el tiempo libre", para de acuerdo a ello sacar conclusiones de lo que se lee.
Por lo anterior, me hubiera gustado que la propuesta de la DC y RN se hubiese leído sin saberse quiénes la hicieron. Algo así como un panfleteo masivo desde un avión sobre la ciudad. Un mensaje anónimo que sólo descansara en lo que se propone. Estoy seguro que si no se conocieran los firmantes, sólo el contenido, habría muchos que no habrían sido tan rápidos es descalificar el planteamiento, apenas supieron quiénes estaban detrás de él.
Pero las cosas son como son. RN y la DC provocaron el mayor remezón político desde que, el 25 de agosto de 1985, en medio de las protestas y las movilizaciones sociales contra la dictadura, la entonces Alianza Democrática apareció firmando el Acuerdo para la Transición a la Plena Democracia, junto al Movimiento de Unión Nacional (antecesor de RN) y otros grupos liberales y de derecha, al alero del Arzobispado de Santiago, para proponer escenarios políticos que condujeran a la democracia. La reacción del gobierno militar y su brazo civil más acérrimo, la UDI, fue por dos carriles. El partido gremialista atacó el Acuerdo y su principal figura, Jaime Guzmán, emplazó a sus firmantes a definirse si aceptaban o no la Constitución de 1980 y la proscripción del PC, y trató el documento como algo vago y difuso: "Una gelatina", dijo.
El gobierno fue más lejos. Reprimió fuertemente las jornadas de protesta del 4 y 5 de septiembre de 1985, las primeras después de firmado el Acuerdo, con un resultado de 10 muertos y 80 heridos. Como el documento había sido enviado al arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, quien se pronunciaría en el Te Deum Ecuménico ese 18 de septiembre, el gobierno cercó policialmente la catedral y prohibió que se transmitiera la homilía del cardenal Fresno por las radios.
Ese Acuerdo se considera uno de los hitos políticos más importantes del camino hacia la recuperación de la democracia durante la dictadura. Tanto así que el presidente Sebastián Piñera, el pasado 25 de agosto del 2010, convocó a los firmantes originales de ese documento a La Moneda, para homenajear los 25 años desde la suscripción del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. "25 años después de este Acuerdo Nacional que hoy día celebramos, los desafíos son otros, pero el espíritu tiene que ser el mismo: patriotismo, unidad, diálogo y acuerdos, porque sólo con esas cualidades hemos logrado dar grandes pasos y saltos hacia delante”, dijo el presidente Piñera.
Ahora, se ha producido un nuevo acuerdo que busca destrabar la crisis de legitimidad de la representación política nacional. Propuesta que gira en torno a una triple reforma de los mecanismos actuales de distribución del poder: del sistema político, del modelo electoral y del que define los gobiernos regionales. Lo firman dos partidos, pero se advierte el apoyo en ciernes de los demás partidos de la Concertación, que después de discutir si la forma de producirlo fue la más adecuada, creo se concentrará en la evaluación de la propuesta propiamente tal. La que no imagino puede generar rechazos de fondo, dados los planteamientos que varios de los partidos de la Concertación han realizado en el pasado en favor de cambios como los sugeridos.
Otro sector que probablemente va a valorar lo realizado por RN y la DC, al punto que tiene méritos para atribuirse su autoría original, es el PRO de Marco Enríquez-Ominami. Durante la pasada elección presidencial, fue MEO quien planteó una reforma política hacia el semi-presidencialismo, el cambio del sistema binominal por uno proporcional y el fin de las nominaciones de autoridades regionales desde Santiago.
Lo que deja, como en 1985, básicamente a la UDI como único partido en completa oposición con las reformas propuestas para ser discutidas y aterrizadas. También, como en la dictadura, el gobierno queda a trasmano. Varios de sus integrantes deben favorecer una propuesta como ésta, pero no se pronunciarán hasta que el Presidente declare si corresponde o no a los acuerdos que hasta hace muy pocos días estaba pidiendo que se produjeran. El ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, intentó hacer una queja, pero se quedó en aspectos formales: el gobierno fue sorprendido por la propuesta y los acuerdos deben consensuarse primero dentro de la coalición de gobierno y luego con la oposición. Lo primero es clave y está lleno de trascendidos. Una vez más en la UDI ronda la sospecha de que el Presidente pudo haber estado informado de las reuniones de RN y la DC con el propósito de elaborar esta propuesta. Una vez más pende la idea de que el Presidente puede tener una agenda política que aísla a la UDI. Por eso Chadwick, UDI, sale tan rápido a señalar que el gobierno desconocía el acuerdo. Pero la duda, para qué estamos con cosas, no se ha disipado. Si hace sólo pocos días un grupo de parlamentarios de RN ofreció sus votos para cambiar el sistema binominal, generando la suspicacia de sus socios UDI sobre qué tan ajeno podía ser el Presidente a este movimiento, ahora es la mesa completa del partido del Presidente la que aparece sorprendiéndolo con un acuerdo de marca mayor con un partido opositor. Es para creer que el Presidente o digita eventos por caminos misteriosos, o simplemente todo pasa por su lado, sin que se dé cuenta de nada ni le cuenten nada.
Segundo, aquello de primero consensuar posibles reformas dentro de la alianza de gobierno y luego con el resto, nos retrotrae a la discusión que se esbozó hace algunos días, cuando personeros de la UDI cuestionaran que para conversar sobre posibles reformas tributarias y electorales, el Presidente invitara primero a los ex presidentes -todos de partidos de oposición- y sólo después se reuniera con los partidos de la Coalición por el Cambio. Ese diseño, que no figura en protocolo alguno y que nadie se hubiera quejado si hubiera sido al revés, resta fuerza a la queja de Chadwick sobre el orden lógico de las conversaciones para conseguir acuerdos.
Como toda propuesta amplia, falta mucho por aterrizar y profundizar. Pero hasta ahora, el acuerdo de RN y la DC, por su audacia, redacción que promueve la inclusión y objetivos que alcanzan no sólo lo electoral, sino especialmente el cambio del omnipotente modelo de rey civil que es el presidencialismo portaleano chileno, si se discute a fondo y rápido, puede hacer que el gobierno del Presidente Piñera -si hace suya la propuesta- pase a la historia por echar raíces para el cierre definitivo de la estructura autoritaria de Chile, eliminando el andamiaje político y electoral implantado por la dictadura.



















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hace 3 semanas